Etiopía, un país con una economía en desarrollo y una infraestructura aún en construcción, ha dado un paso audaz que ha resonado en todo el mundo: la prohibición total de la importación de vehículos no eléctricos. Una medida drástica que ha generado tanto admiración como escepticismo, y que plantea interrogantes sobre la viabilidad y las consecuencias de una transición tan radical hacia la movilidad eléctrica.
La decisión del gobierno etíope es, sin duda, un movimiento valiente. En un país donde la totalidad del parque automovilístico es importado, prohibir la entrada de vehículos de combustión interna supone un cambio radical en el mercado, favoreciendo directamente a los fabricantes de coches eléctricos, principalmente chinos, que ya han comenzado a capitalizar esta nueva demanda.
Esta estrategia, combinada con la eliminación de las subvenciones a los combustibles fósiles y el consiguiente aumento de sus precios, busca incentivar la adopción del coche eléctrico y acelerar la transición hacia un modelo de transporte más sostenible.
Los resultados iniciales, al menos en términos de volumen de importaciones, son impresionantes. Con más de 100.000 coches eléctricos entrando al país cada mes, la apuesta por la electrificación parece estar dando sus frutos. La futura entrada en funcionamiento de la Gran Presa del Renacimiento Etíope, un megaproyecto hidroeléctrico en el Nilo, promete proporcionar la energía limpia necesaria para alimentar esta creciente flota de vehículos eléctricos, reforzando la visión de una economía verde impulsada por fuentes renovables.
Sin embargo, la realidad sobre el terreno es más compleja. La prohibición se ha implementado sin la infraestructura necesaria para soportarla. La red de estaciones de carga para vehículos eléctricos es aún incipiente, y la falta de técnicos cualificados para el mantenimiento y reparación de estos vehículos añade otra capa de dificultad a la ecuación. A esto se suma la incertidumbre sobre la gestión del reciclaje de las baterías, un aspecto crucial para la sostenibilidad a largo plazo de la movilidad eléctrica.
La imagen que se dibuja es la de un país en plena transición, con un ambicioso objetivo a largo plazo pero con importantes desafíos a corto plazo. La falta de preparación, la escasez de infraestructura y la incertidumbre sobre la gestión de las baterías usadas crean un escenario caótico, una especie de experimento a gran escala cuyas consecuencias aún están por verse.
El gobierno etíope, consciente de las dificultades, mantiene su compromiso con la economía verde y confía en superar estos obstáculos iniciales. La apuesta por el coche eléctrico se enmarca dentro de una estrategia más amplia de desarrollo sostenible, que busca reducir la dependencia de los combustibles fósiles, impulsar el crecimiento económico y mejorar la calidad del aire en las ciudades.
La experiencia de Etiopía plantea interrogantes cruciales para el resto del mundo. ¿Es posible forzar una transición tan rápida hacia la movilidad eléctrica sin la infraestructura adecuada? ¿Cuáles son los riesgos y las oportunidades de una política tan radical? ¿Qué lecciones podemos aprender de este experimento en tiempo real?
El tiempo dirá si la apuesta de Etiopía por el coche eléctrico es un acto de valentía visionaria o un salto al vacío. Lo que es innegable es que este país africano se ha convertido en un laboratorio viviente para la transición energética, y sus éxitos y fracasos serán observados con atención por el resto del mundo.
La prohibición de los vehículos de combustión es un paso drástico, pero también un reflejo de la urgencia de la crisis climática y la necesidad de soluciones innovadoras, aunque imperfectas, para acelerar la transición hacia un futuro sostenible. El camino hacia la electrificación del transporte está lleno de desafíos, pero la audacia de Etiopía nos recuerda que la transformación es posible, y que la inacción no es una opción.
ES 
EN 