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Durante años hemos escuchado que las redes sociales son una herramienta extraordinaria para comunicarnos, compartir conocimientos y acercar a las personas. Y, en buena medida, lo son. Pero quizá ha llegado el momento de hacernos una pregunta incómoda: ¿qué ocurre cuando quienes controlan esas herramientas también pueden decidir qué vemos, cuánto tiempo lo vemos y qué emociones nos provoca?
El reciente acuerdo alcanzado por Meta con los estados de Estados Unidos vuelve a poner esta cuestión sobre la mesa. La compañía, propietaria de Facebook e Instagram, ha aceptado pagar hasta unos 17.000 millones de dólares y aplicar importantes medidas de protección para los menores, después de ser acusada de diseñar sus plataformas de manera adictiva, exponer a jóvenes a riesgos y minimizar los problemas relacionados con su utilización.
Conviene hacer una precisión importante: no se trata técnicamente de una sentencia que declare culpable a Meta. La compañía ha alcanzado un acuerdo para cerrar las demandas y no ha admitido culpabilidad, lo que en mi opinión es un eufemismo. Y el fondo del asunto continúa siendo extraordinariamente preocupante.
El acuerdo contempla límites de tiempo, restricciones durante la noche, controles parentales y sistemas más exigentes para comprobar la edad de los usuarios. Son medidas importantes, que está por ver cuando y como se hacen, pero también deberían llevarnos a una reflexión mucho más profunda.
El verdadero poder está en el algoritmo. Porque el problema no son únicamente los niños. Cuando abrimos una red social creemos que elegimos libremente lo que queremos ver. Sin embargo, nuestra pantalla no es una ventana neutral al mundo. Es el resultado de un sistema que selecciona contenidos basándose en nuestros comportamientos: qué miramos, cuánto tiempo permanecemos en una publicación, qué compartimos, qué comentamos y qué consigue mantener nuestra atención.
El objetivo fundamental de estos sistemas es conseguir que permanezcamos conectados. Y aquí aparece una cuestión especialmente delicada: lo que más nos engancha no siempre es lo que más nos beneficia.
La indignación, el miedo, la polémica o la confrontación pueden generar mucha interacción. Poco a poco, el usuario puede acabar encerrado en una especie de burbuja informativa donde recibe principalmente aquello que confirma sus ideas. Y cuanto más tiempo permanece dentro, más datos genera y más preciso se vuelve el sistema para mantenerlo allí.
Hemos pasado de usuarios a productos. Quizá esta sea una de las grandes paradojas de la sociedad digital. Pensamos que utilizamos gratuitamente las redes sociales. Pero, en realidad, nuestra atención, nuestros datos y nuestros hábitos tienen un enorme valor económico. No pagamos con dinero. Pagamos con información sobre nosotros mismos.
El problema adquiere otra dimensión cuando hablamos de menores. Los riesgos de explotación, contacto con desconocidos, exposición a contenidos sexuales y otros peligros digitales afectan a millones de niños y adolescentes en todo el mundo.
Por eso, proteger a los menores no debería consistir únicamente en ponerles un límite de tiempo. También debemos preguntarnos qué mecanismos utilizan las plataformas para captar y conservar su atención.
¿Y qué ocurre con nuestros valores y nuestra democracia? Aquí es donde mi preocupación va mucho más allá de Facebook, Instagram u otras.
Una sociedad democrática necesita ciudadanos capaces de informarse, contrastar opiniones y tomar decisiones libremente. Pero si unos pocos algoritmos determinan qué información llega con mayor frecuencia a millones de personas, estamos ante un poder extraordinario.
No significa que exista necesariamente una conspiración organizada para controlar nuestras mentes. La realidad puede ser más sencilla y, precisamente por eso, más preocupante: sistemas diseñados para maximizar la atención pueden terminar influyendo en nuestras emociones, nuestras opiniones y nuestras decisiones sin que seamos plenamente conscientes de ello.
La cuestión no es simplemente prohibir las redes sociales. Tampoco se trata de decidir qué puede pensar una persona. Se trata de garantizar que nadie tenga un poder desproporcionado para decidir qué información recibe una sociedad entera.
Y Europa no debería tener miedo, pues tiene una oportunidad para establecer límites claros. Los algoritmos, que tienen una enorme influencia social, deberían estar sometidos a una supervisión mucho más rigurosa. Las autoridades deben poder comprobar cómo funcionan, qué riesgos generan y qué mecanismos utilizan para proteger a los menores y evitar prácticas manipuladoras. Y si no cumplen lo requerido, prohibirlos.
Y las grandes plataformas deberían asumir una responsabilidad acorde con su enorme poder. Si una empresa puede influir en cientos de millones de personas, quizá ya no podamos considerarla simplemente una empresa tecnológica más.
Porque cuando una tecnología afecta a la salud mental de los jóvenes, a la privacidad de los ciudadanos, a la información que recibe la población y, en última instancia, al funcionamiento de una democracia, la sociedad tiene derecho a exigir transparencia y responsabilidad.
El acuerdo con Meta puede ser un paso importante. Pero no debería convertirse en el punto final.
La verdadera pregunta es mucho más incómoda: ¿Queremos seguir viviendo en una sociedad en la que unos pocos algoritmos privados decidan qué vemos, qué nos indigna, qué nos preocupa y qué terminamos pensando?
Quizá todavía estamos a tiempo de decidir que la tecnología debe estar al servicio de las personas y no las personas al servicio de la tecnología controlada por unos pocos.
Pero para conseguirlo necesitaremos algo más que nuevas leyes. Necesitaremos ciudadanos conscientes, políticos valientes y empresas dispuestas a aceptar que tener mucho poder también significa tener mucha responsabilidad, haciéndolas cumplir las leyes con prontitud.
¿ Lo haremos ? Tengo muy serias dudas.
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