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Se escribe mucho sobre la falta de moderación de contenido en Internet, pero en la práctica no se hace casi nada. La paradoja es evidente: si un periódico publica calumnias, difamaciones o imágenes de menores, las autoridades actúan con rapidez, imponen sanciones y pueden llegar a cerrar la publicación. En el mundo digital, sin embargo, todo parece valer.
No es que no existan leyes. Es que no se aplican con la misma contundencia. Hoy se produce una asimetría legal muy difícil de justificar
Las redes sociales y grandes plataformas digitales funcionan hoy como medios de comunicación globales, con una capacidad de difusión infinitamente superior a la prensa tradicional. Aun así, operan bajo un marco de responsabilidad mucho más laxo.
El resultado es una asimetría legal peligrosa: lo que es delito en papel, en Internet se tolera, se monetiza o se ignora.
Difamación, acoso, manipulación informativa, deepfakes, explotación de la imagen de terceros… Todo circula a gran velocidad mientras las instituciones miran hacia otro lado.
Vivimos en una sociedad donde muy pocos actores controlan plataformas gigantescas que permiten a cualquiera publicar cualquier cosa, sea verdad o mentira. Y no es casual.
Estas plataformas ganan dinero con la atención, no con la verdad. El contenido extremo, falso o escandaloso genera clics, tiempo de permanencia y datos. Moderar de verdad significaría perder ingresos y poder de influencia.
Aquí nadie es inocente. Ni las empresas que permiten estas prácticas, ni los actores políticos que se benefician del caos informativo.
En los últimos meses se ha hablado mucho de herramientas capaces de desnudar digitalmente a personas reales y difundir esas imágenes en redes sociales. Millones de contenidos han circulado por todo el mundo, afectando especialmente a mujeres y menores.
La reacción global ha sido, salvo contadas excepciones, el silencio. Un solo país ha llegado a prohibir estas prácticas de forma explícita. El resto ha optado por la inacción, como si no existieran leyes sobre intimidad, dignidad o protección del menor.
Esto no es un fallo técnico. Es una decisión política.
Hemos llegado a un punto inquietante: los derechos de la mayoría valen menos que los intereses de unos pocos. Los ciudadanos ceden privacidad, dignidad y seguridad a cambio de servicios “gratuitos” que en realidad se pagan con datos y exposición.
Los políticos, por su parte, parecen temer enfrentarse a los gigantes tecnológicos. Multar, regular o cerrar plataformas implica conflictos económicos, presión mediática y costes electorales.
Y así, poco a poco, se normaliza la ley de la jungla digital.
¿Dónde está el Estado de derecho en el ámbito digital? No es razonable que no existan leyes claras y efectivas que obliguen a:
. retirar contenidos ilegales con rapidez
. sancionar a quienes los promueven
. cerrar medios o plataformas reincidentes
Tampoco es razonable que no haya jueces especializados capaces de actuar en días, no en años. La lentitud judicial en Internet equivale a impunidad.
Una sociedad que no se defiende informativamente es una sociedad vulnerable a la manipulación, al odio y al deterioro democrático.
La tecnología no es el problema. El problema es la falta de voluntad para gobernarla.
La pregunta ya no es si podemos regular Internet. La pregunta es si queremos hacerlo antes de que sea demasiado tarde.
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