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Durante décadas, el gran reto de cualquier sistema eléctrico ha sido mantener un equilibrio perfecto entre la energía que se genera y la que se consume. La electricidad apenas puede almacenarse en grandes cantidades, por lo que, si en un instante se produce más de la necesaria, ese excedente termina desperdiciándose. Solo cuando existen sistemas de almacenamiento, como baterías, centrales hidroeléctricas de bombeo o nuevas tecnologías de almacenamiento energético, es posible aprovechar esa energía para utilizarla más adelante.
La creciente implantación de las energías renovables está cambiando las reglas del juego. La energía solar y la eólica producen electricidad cuando el sol brilla o el viento sopla, no cuando los consumidores la necesitan. Esto provoca que, en determinadas horas del día, especialmente durante las jornadas soleadas de primavera y verano, la generación renovable llegue a superar la demanda eléctrica.
Cuando esto ocurre, los operadores del sistema se ven obligados a reducir o incluso desconectar parte de esa generación renovable para mantener estable la red. Es una situación paradójica: disponemos de energía limpia, barata y sostenible… pero no podemos aprovecharla. Esa electricidad se pierde para siempre.
Desde un punto de vista económico y ambiental, parece lógico pensar que, en esos momentos de exceso de producción, se incentivara el consumo. Incluso podría plantearse pagar a los consumidores o, al menos, ofrecerles precios extraordinariamente bajos para que pusieran en marcha electrodomésticos, cargaran el vehículo eléctrico, calentaran el agua o acumularan energía en baterías domésticas.
En algunos mercados europeos ya existen tarifas dinámicas que reflejan el precio real de la electricidad hora a hora, e incluso se han registrado precios negativos en el mercado mayorista durante determinados periodos de elevada producción renovable. Sin embargo, esa realidad apenas llega al consumidor doméstico español, cuya factura suele amortiguar estas variaciones mediante peajes, cargos e impuestos. En consecuencia, el incentivo para adaptar el consumo sigue siendo muy reducido.
Esta situación resulta especialmente llamativa si tenemos en cuenta que el consumo energético de los hogares y el de la industria representan porcentajes muy similares dentro del consumo eléctrico nacional. Sin embargo, las grandes industrias sí pueden acceder a contratos específicos, mercados de flexibilidad o mecanismos de respuesta a la demanda que les permiten beneficiarse mucho más de las variaciones del mercado eléctrico. Los pequeños consumidores, en cambio, apenas disponen de herramientas para participar activamente.
No se trata de regalar electricidad, sino de utilizar mejor un recurso que ya estamos produciendo. Si miles de viviendas desplazaran parte de su consumo hacia las horas de mayor generación renovable, disminuiría el desperdicio de energía, se reducirían las emisiones y se aprovecharían mejor las inversiones realizadas en instalaciones solares y eólicas.
La tecnología necesaria ya existe. Los contadores inteligentes están ampliamente implantados, los vehículos eléctricos pueden programar su recarga y muchos electrodomésticos permiten funcionar automáticamente en determinadas franjas horarias. Lo que falta es un marco regulatorio que premie realmente esa flexibilidad ( la tarifa con discriminación horaria apenas cambia nada ) y facilite que los hogares formen parte activa de la transición energética.
En definitiva, incentivar el consumo cuando sobra energía renovable no solo tiene sentido técnico y económico, sino también medioambiental. Aprovechar cada kilovatio verde disponible debería ser una prioridad. Hacer que los ciudadanos se conviertan en protagonistas de ese cambio sería una forma inteligente de construir un sistema eléctrico más eficiente, más sostenible y, probablemente, más justo.
Y esa mentalidad de cambio tendría otros beneficios colaterales para el riesgo climático que tenemos encima.
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